"Obviamente, desde el punto vista de los intereses económicos, las acciones del Gobierno argentino sobre YPF pueden afectar las relaciones con España a futuro, no sólo en el ámbito económico-comercial sino también en el diplomático", dijo a Efe el analista en política internacional Horacio Calderón.

España, que prestó a Argentina 1.000 millones de dólares durante la crisis de 2001, es el primer inversor extranjero en el país, con activos que superan los 23.240 millones de dólares y jugadores de peso, como Telefónica, Gas Natural Fenosa, Endesa, BBVA, Santander y ACS, además de Repsol, en sectores clave como banca, telecomunicaciones, infraestructura y energía.

Fuentes del sector empresarial español consultadas por Efe aseguraron que de momento no ven señales de una posible extensión del conflicto hacia sus intereses, aunque admitieron que siguen el caso YPF con atención.

España es además el quinto destino de las exportaciones argentinas, con ventas que en 2011 ascendieron a 3.000 millones de dólares, y el décimo origen de sus importaciones, con compras por 1.400 millones de dólares el año pasado.

"Hay que ver cuáles son los pasos a seguir por el Gobierno. Espero que se preserven los intereses de España y que no tome esto como una declaración de guerra comercial. Entre socios deberían llegar a un acuerdo", apuntó Calderón.

Argentina y España ya han sufrido altibajos en sus relaciones por asuntos empresariales, en particular 2008 por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, que estaba en manos de la española Marsans, y de los fondos de pensión, que afectó a negocios del BBVA y del Santander.

Para Patricio Giusto, de la consultora Diagnóstico Político, a partir del conflicto con YPF, desatado a finales de 2011, poco después del cambio de Gobierno en España, las relaciones bilaterales "han desmejorado claramente".

"Cuando Néstor Kirchner vivía, tenía un diálogo fluido y hasta fraternal con el Rey Juan Carlos y con altos funcionarios del Gobierno español y hoy prácticamente no hay diálogo. Se avanza sobre un activo estratégico para España y no hay consultas entre los Gobiernos", dijo Giusto a Efe.

A su juicio, este cambio estriba en los intentos de Cristina Fernández de darle una impronta propia a su gestión, diferente no sólo a la del gobierno de su esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007) sino a la de su primer mandato (2007-2011), con el ascenso de funcionarios de las líneas más duras del kirchnerismo.

"De todas formas, creo que hacia el interior del oficialismo todavía el tema está en discusión y no se ha tomado una decisión definitiva de qué hacer con YPF", apuntó el experto.

En su opinión, pugnan dos opciones para lograr el control estatal de la compañía: Acordar con los accionistas, Repsol (57,43%) y la familia argentina Eskenazi (25,46%), o enviar al Parlamento -con mayoría oficialista- de un proyecto para declarar de interés público a YPF, "una jugada muy fuerte y de alto riesgo", según Giusto.

El experto apuntó que esta avanzada "fuerte e inesperada" es seguida con expectación por todo el sector económico que teme que, si se declara de interés público a YPF, el Gobierno avance sobre otras empresas y sectores estratégicos.

De momento, el conflicto ha salpicado a otras petroleras, como la brasileña Petrobras y la chilena Enap Sipetrol, que perdieron licencias de operación en medio de la retirada de concesiones a YPF. EFECOM