21-05-2012
Son modificaciones que el Ministerio de Interior está introduciendo
en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que tiene que estar perfilada
antes de que finalice el año. La novedad está en el nuevo régimen
sancionador que van a tener infracciones como la perturbación del orden
público siempre y cuando no sean constitutivas de delito. De lo más
llamativo la multa que pueden tener los “botellones”: hasta 30.000
euros. Se baraja la misma cantidad para el uso de capuchas en actos
vandálicos.

Las infracciones se van a clasificar entre muy graves, graves y
leves. Según fuentes de interior la clasificación se establece en
función de la intensidad y de la gravedad de los ataques que se lleven a
cabo contra bienes jurídicos protegidos. Para el caso de las “muy
graves” las sanciones pueden llegar hasta los 300.000 euros y para el
caso de “las graves” hasta los 30.000 euros.

Como ha adelantado ABC el Ministerio de Interior tiene previsto
introducir estas modificaciones en la Ley Orgánica de Seguridad
Ciudadana antes de que finalice el año. Lo más llamativo son las
sanciones económicas que se van a establecer para las infracciones
consideradas graves. Pueden llegar hasta los 30.000 euros e incluye la
celebración de un botellón en lugares públicos no autorizados para el
consumo de alcohol. También es considerado falta grave el consumo o
tenencia de sustancias estupefacientes aunque el objetivo no sea el
tráfico y el abandono de utensilios o instrumementos empleados para
drogarse en escenarios públicos. Se confirma también como falta grave el
uso de capuchas, cascos u objeto que cubra el rostro por completo en
actos vandálicos, algo que ya había anunciado el Ministerio de Interior
que iba a castigar duramente. Serán faltas también faltas “graves” o
“muy graves” la desobediencia y la falta de respeto y consideración
debida a la autoridad o sus agentes cuando no sean constitutivas de
delito.

El Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz prevé, además,
ampliar el plazo de prescripción de las infracciones, de acuerdo con su
gravedad. Lo que se pretende es que los expedientes sancionadores no
expiren. Según fuentes de interior lo que se pretende con todas estas
modificaciones es conseguir un efecto disuasorio contra la alteración
del orden público y evitar altercados cometidos en los últimos meses
como los de Barcelona o los de Valencia.